SCRIPTA MANENT — A revisar los cuadros propuestos

Luis E. Domínguez Rangel

A unos días de que entren en funciones los nuevos gobiernos municipales en Veracruz, y cuando están ya listos tanto los cabildos como los gabinetes en los 212 municipios del Estado, la entrada en vigor del decreto 492 publicado en la gaceta oficial del estado puso en aprietos a prácticamente todos los nuevos alcaldes, porque ahora, los ya elegidos, nombrados y entusiasmados futuros burócratas municipales, antes de tomar protesta de sus cargos, tendrán que acreditar, con documentos oficiales, que estudiaron una carrera profesional y que tienen vigente una cédula profesional.

La Gaceta Oficial del Estado de Veracruz publicó el pasado 21 de diciembre el Decreto Número 492, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre con el objetivo de establecer nuevas reglas para las contrataciones y nombramientos en los ayuntamientos, fortalecer la profesionalización del servicio público municipal y garantizar la paridad de género.

Así, se establecen requisitos obligatorios para quienes ocupen cargos estratégicos dentro de la administración municipal, así como lineamientos específicos en materia de seguridad pública.

El ejemplo más visible de esta nueva disposición reglamentaria se sitúa precisamente en el área de seguridad, y el decreto establece que la persona responsable de la seguridad pública municipal, a partir del 2026, deberá contar con acreditación vigente en los exámenes de control y confianza, certificación institucional y al menos tres años de experiencia en materia de seguridad.

La reforma también fija nuevos requisitos para los titulares de áreas estratégicas del Ayuntamiento, como la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Obras Públicas y Contraloría. Quienes ocupen estos cargos deberán contar con título y cédula profesional, con al menos un año de antigüedad, y en todos los casos se deberá respetar el principio de paridad de género en los nombramientos.

Un decreto que ya está en vigor, y que establece que los nuevos ayuntamientos contarán con un plazo de 90 días hábiles para adecuar su marco normativo interno a las nuevas disposiciones.

¿TERRORISMO?

El pasado 24 de diciembre, la fiscalía general de Veracruz obtuvo y ejerció una orden de aprehensión en contra de Rafael León Segobia, un periodista con más de 20 años de ejercicio profesional en la ciudad de Coatzacoalcos. Al periodista la Fiscalía lo acusa de terrorismo, y de encubrimiento por favorecimiento contra las instituciones de Seguridad Pública.

Las reacciones del gremio periodístico sucedieron de inmediato… ¿Terrorismo? Si los atentados violentos, con drones transportando explosivos, el coche bomba en Coahuayana Michoacán no alcanzaron para señalarlos de terrorismo… ¿la crítica periodística al actuar de gobernantes y funcionarios, sí lo es?

Pero todavía, y ya va una semana, todavía no se sabe quién lo ha acusado de qué, porque según el hijo del periodista, quien acusó a su padre es ahora un testigo protegido, y no se conoce su identidad.

Decenas de manifestaciones de exigencia en cuanto a los derechos del periodista de informar, se dieron en las redes sociales, decenas de medios digitales publicaron su adhesión solidaria al compañero acusado de terrorismo, ante una posible violación a la libertad de expresión y derechos humanos del periodista, exigiendo un proceso judicial justo y apegado a derecho.

Y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en una entrevista radiofónica, reiteró que la investigación está en manos de la Fiscalía pero que, para la ley, todos somos iguales.

Hay respeto a los medios y a la crítica, dijo una vez más la mandataria estatal, pero también es cierto, dijo, que la crítica rebasa, a su criterio, los términos de la libertad de expresión.

Vamos a esperar, dijo la gobernadora Nahle García, a que informe la Fiscalía.

Y la Fiscalía salió a informar, por supuesto, en un nuevo comunicado que decía prácticamente lo mismo que el anterior, pero aunque en este segundo comunicado eliminó el término de Terrorismo, lo cierto es que la acusación por este delito se mantiene, y cito el comunicado…

En contra de Rafael N por hechos constitutivos de los delitos de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz.

Y, bueno, el artículo 311 del Código Penal de Veracruz se refiere se refiere al delito de Terrorismo, castigando a quien “produzca alarma, temor o terror en la población” a través de diversos actos, implicando penas de hasta 30 años de prisión.

¿Qué detalla el Artículo 311 en el contexto de Veracruz? Que se tipifica este delito al producir alarma, temor o terror en la población, o exigir la adopción de medidas o la abstención de hacer algo, por medios que causen daño a la integridad de las personas, la vida, la propiedad o el normal funcionamiento de instituciones públicas.

De esto, de terrorismo, de acuerdo con el último comunicado de la Fiscalía General de Veracruz, está acusado el periodista Rafael León Segobia.

PRI Veracruz… Sin cambio, sin futuro

Alito Moreno, el presidente del PRI, demostró una vez más su calidad de dirigente nacional… cerrando todas las opciones a lo que queda del priísmo veracruzano, y dejando en la dirigencia estatal al mismo que ha dejado a este Instituto Político listo para su desaparición en el estado, a Adolfo Ramírez.

La decisión de Alejandro Moreno Cárdenas ha lastimado a quienes confiaron en que la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal era una oportunidad para rescatar parte de lo mucho que se ha perdido: militantes, simpatizantes, liderazgos locales, municipios… Pero lo hizo además, negando la posibilidad de participación a quienes todavía, a pesar de los pesares, quisieron hacerlo, porque prácticamente, impidieron el registro de participantes.

No está fuera de la legalidad, pues, la designación de Adolfo Ramírez, como dirigente estatal del Partido para los próximos años. Su registro cumplió con los términos de la convocatoria. Pero fue el único registro que se permitió, dejando en el camino la posibilidad de Silvio Lagos Galindo, de Ponciano Vázquez Parisi, entre otros. La única fórmula registrada hasta el término de la convocatoria, fue la de Adolfo Ramírez para la presidencia, y Carolina Gudiño Corro para la secretaría general.

Y, por supuesto, comenzaron las reacciones, primero en redes sociales, en grupos de mensajería, unos convocando a manifestaciones grupales para rechazar tanto el procedimiento como el resultado, y otros para aceptar lo sucedido en honor a lo que el PRI en Veracruz fue, en la historia reciente de la política estatal.

Defendiendo el honor

La Fiscalía del Estado de Michoacán informó de la detención de una persona, una mujer, identificada como Cristina N, por ataques al honor a través de medios cibernéticos.

Y si, con esta información, ya hay en nuestro país al menos una persona detenida por sus publicaciones en redes sociales.

La víctima, es un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro, y según la fiscalía, desde la red social facebook se difundieron publicaciones consideradas ofensivas contra el funcionario.

Al identificar a Cristina N como la administradora de los muros de facebook en donde aparecieron esas publicaciones, un juez autorizó la orden de aprehensión. Y ya está detenida y en la cárcel.

No se trata de amenazas. Ni violencia física. O extorsión. Se trata de expresiones en redes sociales.

Y esto, ha abierto nuevamente el debate… ¿Dónde termina la crítica? ¿Dónde empieza el delito? ¿Qué implica que el Estado use el aparato penal para proteger el “honor” de funcionarios públicos, en un contexto donde la libertad de expresión está siendo atacada y donde se usa la ley para silenciar?.

Un caso más que se suma a otros dos casos, pues, que se han dado en estos últimos días de diciembre, Uno en Puebla (Rodolfo Ruiz, director de E Consulta), y otro en Veracruz (Rafael León, periodista de Nota Roja).

Por lo pronto, en Michoacán la detenida está ahora a disposición de un juez. En Puebla, el periodista director de E Consulta está vinculado a proceso, y en Veracruz Rafael León está detenido imputado, entre otros delitos, al de terrorismo.

Así las cosas en este México nuestro.