Exigen liberación de detenidos. Se complica el caso de la desaparición forzada de jóvenes en Orizaba

De las redes… EMEEQUIS

ORIZABA.- Abril 6.- Un caso que recuerda a las peores prácticas policiacas en Veracruz –detención arbitraria, tortura, abuso sexual y alteración de expedientes judiciales– está por explotar en las manos del gobernador Cuitláhuac García.

Ocho personas –incluido un menor de edad– fueron detenidas el 30 de marzo en Orizaba y acusados, primero y extraoficialmente, de presuntamente pertenecer a un grupo criminal; luego, de haber atacado a la policía estatal a balazos y rocazos.

Siete de las personas detenidas se encuentran en prisión preventiva en el violento Penal de La Toma, acusadas del delito de ultrajes a la autoridad; la octava persona, un joven de 17 años, ya fue liberado y entregado a sus familiares.

Todos los “presuntos culpables” refieren haber sido detenidos con un modus operandi conocido desde los tiempos del exgobernador priísta Javier Duarte, hoy preso por asociación delictuosa: sin orden de aprehensión, trasladados hasta un paraje lejano sin permitirles ver nada, torturados o amenazados de ser torturados, con tocamientos sexuales y presentados a la autoridad muchas horas después de su detención, lo cual viola su derecho a un debido proceso.

La historia de este eventual escándalo para la administración morenista empezó el martes pasado, cerca de las 15:30 horas, cuando vecinos de la colonia Centro del municipio de Orizaba reportaron el “secuestro” masivo de varias personas por parte de un comando armado.

El “comando armado” se había presentado, minutos antes, a un local de tatuajes y, con armas tipo escuadra, sacaron a las personas que estaban en el inmueble.

Ante la mirada azorada de los paseantes, en una zona muy transitada, los subieron a sus vehículos no rotulados y huyeron del lugar.

TORTURA Y ABUSO SEXUAL

Dos de los privados de la libertad son Moisés y Raúl M., de 17 y 19 años, estudiantes, quienes estaban en el local para el retoque de un tatuaje.

Junto con ellos fueron llevados el tatuador Rogelio N., de 35 años; Gonzalo de 64 años; y los clientes Gabriel de 19; y Adriana Isabel e Itzel de 22 y 20 años, respectivamente.

Orizaba tiene un chiste negro que se cuenta desde hace años: alcanzó la denominación de “pueblo mágico” porque la gente desaparece “mágicamente”.

El Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba calcula que podría haber cientos de personas víctimas de desaparición forzada sumando los últimos 10 años.

Esto parecía un caso similar. Los familiares de los extraídos del local de tatuajes se movieron con celeridad para reportar a sus seres queridos como desaparecidos.

Por horas, llamaron a instituciones de gobierno para reportar el “secuestro”, mientras las noticias caían a cuentagotas y desde fuentes no oficiales.

“Nosotros hicimos la búsqueda de inmediato, pero nunca nos enteramos de la detención por las autoridades. Supimos que algo malo estaba pasando por las redes sociales.

El gobierno mantuvo completo silencio”, dijo Abigail M., su hermana. Mientras tanto, en algún lugar cercano a Orizaba, los “secuestrados” estaban, en realidad, en manos de la policía estatal de Veracruz, según sospechan los familiares. Y, en lugar de ser presentados de inmediato ante el Ministerio Público, se les vendaron los ojos para que no reconocieran el lugar a donde eran llevados, de acuerdo con las denuncias de sus familiares.

En un paraje alejado, al tatuador lo torturaron con golpes, toques eléctricos e introduciendo objetos extraños en su boca. A una de las jóvenes los policías le tocaron los pechos y repetían que la violarían. A los dos hermanos –uno de ellos menor de edad– se les obligó a presenciar la tortura bajo la amenaza de que alguno de ellos serían los próximos en ser violentados.

Tras varias horas desaparecidos, y sin dar información a sus familiares, finalmente fueron llevados ante las instalaciones del Mando Único de la policía estatal, donde se les notificó que estaban detenidos por delincuencia organizada, tenencia de armas de uso exclusivo del Ejército y ultrajes a la autoridad.

Ha habido protestas por el encarcelamiento de estas personas. Según la versión de los uniformados, todos actuaron como una célula delictiva que los agredió a tiros y con rocas, como parte de una emboscada en el contexto de la guerra entre grupos delictivos que buscan controlar la venta de drogas y la extorsión en Orizaba y Córdoba.

Los policías supuestamente evadieron el ataque y tras un barrido por varias zonas de la ciudad “encontraron” a sus agresores.

La versión de los familiares –y datos oficiales del gobierno– cuentan una historia muy diferente: por ejemplo, en el caso de Moisés N., menor de edad, su detención fue reportada como si se hubiera hecho a las 5:23 de la mañana del 31 de marzo, según el Registro Nacional de Detenciones.

La ficha de su hermano Raúl de 19 años, detenido al mismo tiempo, indica que su arresto fue a las 4:05 de la mañana, es decir, que las horas no coinciden en los registros oficiales.

“Es una burda fabricación, es un montaje. Están haciendo culpables a jóvenes que no cometieron ningún delito, que son inocentes y ellos lo saben”, señaló Abigail M.

Otras irregularidades incluyen la imposibilidad de que todos los detenidos cupieran dentro de un mismo vehículo para agredir a la policía, que no hay evidencia de que los detenidos hayan disparado armas de fuego y la duda de por qué habrían usado piedras para agredir a los uniformados, si como supuestos miembros de un Cártel tienen acceso a armas de grueso calibre.

A pesar de esas dudas, un juez en una primera audiencia resolvió que había dudas razonables para dudar de la inocencia de los detenidos y ordenó que se mantuvieran en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica.

EL GOBERNADOR, NI VE NI OYE

El caso ha unido a distintos grupos sociales por la exigencia de libertad y reparación del daño para los hoy encarcelados: el vocero de la diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez, pidió que se esclarezcan los hechos con transparencia, mientras que la galardonada organización Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” calificó este hecho como un caso de “desaparición forzada” y “detención arbitraria”.

Incluso, Francisco Javier Díaz Reyes, miembro del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, pidió que a raíz de este caso se modifique el Código Penal estatal porque el delito “ultrajes a la autoridad” es ambiguo y una carta libre para el abuso policiaco.

De acuerdo con Abigail M., este caso también ha demostrado que un modus operandi criminal: al menos, hay cuatro casos de familias en una situación similar, con sus seres queridos encarcelados tras un inverosímil trabajo policiaco para supuestamente pacificar a Veracruz que habría terminado en detenciones arbitrarias.

A pesar de las irregularidades, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, aseguró que no intervendrá en el caso y dejó en manos de la Fiscalía estatal el destino de los detenidos.

“De los ocho jóvenes, uno ya se liberó, pero hay algunos ahí que no tienen delitos graves y hay otros que sí, pero que eso lo determine el juez”, dijo el gobernador ante los cuestionamientos de varios reporteros.

“Que el juez determine qué sucedió. Para eso es la justicia y quien la promueve es la Fiscalía y quien la sentencia es el Poder Judicial”.

Mientras tanto, hoy siete personas, presuntamente víctimas de tortura, duermen en un penal controlado por el crimen organizado… en lo que el gobierno veracruzano determina si son inocentes.