AL PIE DE LA LETRA — Crimen de Estado

Raymundo Jiménez

¿Quién no tiene un familiar o un amigo migrante, que ha decidido correr todo tipo de riesgos para cruzar ilegalmente la frontera norte con el propósito de laborar en Estados Unidos y tener mejores ingresos y calidad de vida que en su país natal? 

Por eso duelen casos como el ocurrido la noche de este martes en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 migrantes centroamericanos murieron calcinados en el interior de un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Fue un crimen de Estado, por la negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios y agentes del INM, así como de los elementos de la empresa de seguridad privada que el gobierno federal se resiste a transparentar porque resultó ser propiedad de un cónsul representante de la dictadura de Nicaragua, como ya lo han difundido diversos medios.

Este caso es muy diferente al de los 72 migrantes –58 hombres y 14 mujeres, la mayoría procedentes de Honduras y otros provenientes de El Salvador, Guatemala, Ecuador y hasta de Brasil e India, según informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU–, los cuales fueron secuestrados y ejecutados entre el 22 y 23 de agosto de 2010 por sicarios del cártel de Los Zetas en el ejido de El Huizachal, del municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas. 

La penúltima gran tragedia fue la de junio de 2022, en la que 53 migrantes, de los cuales 27 eran mexicanos –procedentes de Veracruz, Ciudad de México y otros seis estados del país– murieron por asfixia en el interior de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas.

El 6 de noviembre de 2018, Arturo Peimbert, ombudsman de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reportó la desaparición de aproximadamente 100 migrantes que supuestamente tres días antes habían abordado dos camiones en Ciudad Isla, Veracruz. 

A su vez, Edgar Corzo Sosa, visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confirmó en conferencia de prensa que recibieron una denuncia por la desaparición de al menos 80 migrantes y dijo que las investigaciones sobre el paradero del contingente seguían. 

Sin embargo, el 9 de noviembre de ese año, Alden Rivera Montes, embajador de Honduras en México, declaró durante una entrevista radiofónica que no tenían datos que corroboraran la desaparición de 100 migrantes en territorio veracruzano. En esa ocasión, el diplomático hondureño señaló que hasta ese momento la CNDH les había informado que no habían encontrado elementos sólidos para determinar que un centenar de personas de la caravana proveniente de su país había desaparecido.  

Por su parte, la CNDH emitió un comunicado en el que anunció que este presunto faltante de personas en el contingente seguía siendo investigado.

Pero ahora, en el dantesco caso de la muerte de 39 centroamericanos en la cárcel migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, sí hay un responsable: Francisco Garduño Yáñez, quien desde que asumió la titularidad del INM, en junio de 2019, se ha caracterizado por no dar la cara a las crisis migratorias cada vez más frecuentes en el país.

Sin embargo, como “el hilo siempre se revienta por lo más delgado”, en esta ocasión será obligado a comparecer ante el Senado de la República para no exponer al canciller Marcelo Ebrard ni al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, blindados por su calidad de “presidenciables”.