CONTRAPUNTO — LAS CIFRAS DE LA IGNOMINIA

Por Juan José Contreras Lara

En estos días abundan los temas políticos, pero vamos a dejarlos para otro día, porque no se van a acabar, ni sus protagonistas van a desaparecer. Tuviéramos tanta suerte.

Vamos a referirnos mejor a lo que sucedió este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y a lo que se reveló con toda su crudeza: el drama cotidiano de ser mujer en un país violento, misógino y desigual, liderado por un presidente que sólo tiene para ellas poses y dichos demagógicos.

El miércoles 8 no se reeditó lo sucedido en años anteriores, sino se superó. Cientos de miles de mujeres hicieron suyas nuevamente las calles para hacerse escuchar a lo largo y ancho del país. Todas, no tengo duda, llevaban su historia, su grito, su reclamo. Todas, de las más variadas tendencias, ideologías, preferencias, pero unidas por el simple hecho de que en cualquier momento pueden ser víctimas de violencia, de esa violencia que se siente, se percibe, se huele en todo México. 

Basta revisar los datos que la misma autoridad federal aporta a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para observar que en los doce meses de 2022 se registraron 3 mil 754 muertes violentas de mujeres, es decir esto significa más de diez muertes diarias.

El estado mexicano es tan reacio a aceptar que en el país se matan sistemáticamente mujeres, que le tiene miedo a la palabra “feminicidio” y esto queda plenamente comprobado cuando sólo 947 muertes, de las 3 mil 754 registradas, son clasificadas como tales, es decir apenas en 33.7 por ciento, mientras que el resto se consideran sólo homicidios dolosos.

Si la tendencia se mantiene, como todo indica, el sexenio cerrará con ese promedio de diez mujeres asesinadas cada día, por lo que también en eso fracasará el presidente López, pues al final pasará a la historia como un gobierno más rebasado totalmente por la problemática de la violencia de género.

Esto, aunque López se haga bolas en la mañanera tratando de explicar que la violencia ha disminuido, matizando una cruda realidad que lo desmiente cada día en forma por demás atroz.

Otro personaje más que es desmentido por esa violencia, es el insigne gobernador García de Veracruz. La retórica desgastada ya no le alcanza a Cuitláhuac para ocultar el hecho de que en 2022 la entidad ocupó el cuarto lugar nacional en cuanto a feminicidios. Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son contundentes: el Estado de México vuelve a cerrar como la entidad de más incidencia delictiva en ese delito con 138 reportados en el 2022. A este le siguen: Nuevo León con 102, la Ciudad de México con 73 y Veracruz con 68.

Es decir, 68 mujeres sucumbieron ante la violencia feminicida y para la gran mayoría seguramente no habrá justicia. Así que Veracruz queda muy lejos aún de Yucatán, el último lugar de la lista, donde sólo se contabilizaron cinco casos en todo el año.

Para dimensionar el alto grado de la violencia de género en el país, ahí le van datos duros, todos del SESNSP: En 2022 se registraron 127 mil 424 denuncias por violencia familiar; por violación, 23 mil 102; por lesiones dolosas, 63 mil 723; por extorsión, 3 mil 765 y hubo en ese mismo lapso, mil 910 casos de trata de personas, en que las víctimas fueron mujeres adultas y menores de edad.

Si nos atenemos a la lacerante estadística de la impunidad rampante en nuestro país, nueve de cada diez de esos delitos quedarán sin castigo. 

Esas son las cifras de la vergüenza.

Para concluir, me referiré brevemente a los casos de dos mujeres, que por su lucha denodada son excepciones de esa regla, pues lograron que se les hiciera justicia a pesar de su desventajosa situación. Me refiero a Inés Fernández Ortega en Guerrero y a Claudia Medina Tamariz aquí en Veracruz.

La primera de ellas, Inés, indígena tlapaneca, habitante de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, uno de los más marginados de aquella entidad, en marzo de 2001 fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército, quienes la acusaban de haber robado unas tiras de carne de res que secaba en su patio, lo que era totalmente falso. 

Once elementos castrenses participaron en los hechos, que fueron cometidos en presencia del esposo de Inés. Nadie acudió en su ayuda. La comunidad le dio la espalda. Cuando acudió a denunciar, en el Ministerio Público de Ayutla, distante a ocho horas de camino de su comunidad, sólo se burlaron de ella.

Inés emprendió entonces una valerosa y prolongada lucha para que el gobierno le hiciera justicia. Obviamente la justicia castrense la persiguió, las instancias civiles sólo asumían posturas omisas y dilatorias, y tuvo que acudir a organismos internacionales. Luego de 21 años de lucha, gracias a la intervención de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano fue condenado obligándolo a castigar a los culpables.

Finalmente, de aquellos once agresores, sólo uno recibió castigo. El pasado 1 de marzo, el sargento segundo de infantería Hugo Humberto García de León, fue condenado a veinte años de prisión por el Juzgado Segundo de Distrito de Guerrero.

En el otro caso, el de Claudia Medina Tamariz ocurrido aquí en Veracruz, los delincuentes no fueron soldados, sino marinos, quienes allanaron su domicilio para detenerla ilegalmente en compañía de su esposo, le sembraron armas de alto poder, la acusaron de pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y para que confesara, la sometieron a torturas durante doce horas en una base naval.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2012 y fue hasta este año cuando la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que la Secretaría de Marina incurrió en responsabilidad patrimonial, por la actuación totalmente irregular y fuera de la ley de sus elementos, por lo que la condenó a pagar 3.7 millones de pesos como indemnización a la víctima, que se ha pasado más de cinco años litigando para obtener justicia.

Con sus matices, pero ambas tuvieron que luchar durante años y su lucha tuvo resultados, si bien no los que aspiraban obtener al cien por ciento, pero por lo menos sus agresiones no pasaron a engrosar las cifras de la impunidad.

Miles de mujeres, por desgracia, no pueden alcanzar ni siquiera esa satisfacción.