CONTRAPUNTO — Otro aumento

Por Juan José Contreras Lara

Mediante un escueto boletín informativo, al estilo que ya conocemos de la 4T, que no es elocuente y mucho menos claro, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anuncia que ahora tendrá usted que pagar casi un ocho por ciento más de cuota, si desea circular por las carreteras de paga del país, porque es el “ajuste” de acuerdo con la inflación.

Es decir, nos cobran como si sus carreteras fueran del primer mundo, cuando en realidad son del tercero, pues están en condiciones deplorables. Y no hace falta ir muy lejos, sólo hay que transitar por el tramo Córdoba-Orizaba para percatarse de sus condiciones.

Afirma la dependencia federal que durante un año nos hizo el favor de mantener sin cambio las tarifas, pero que ya no puede más y no le queda otra más que aplicar el incremento que será de 7.82 por ciento exactamente. La comunicación oficial no habla de pesos y centavos, pero puede usted dar por descontado que nos aplicarán el famoso “redondeo” para acabar de llevarnos al baile.

Así que, si usted tiene obligadamente que viajar entre Córdoba y Orizaba, pasando por la plaza de cobro número 45, que se ubica en Metlac, prepárese para disponer de un mayor presupuesto porque ese lesivo impuesto llamado inflación, así lo considero, como siempre lo terminamos pagando los usuarios o consumidores.

La Secretaría precisa que, para las carreteras concesionadas dentro del esquema de la Red de Autopistas de Cuota Federal, es decir las que están a cargo de empresas privadas, el aumento se aplicará de inmediato, desde este 7 de febrero, en tanto que a las concesionadas a Caminos y Puentes Federales (Capufe), como es el caso de la plaza de cobro de Fortín, generosamente señala que el incremento entrará en vigor el 1 de marzo.

El mentado boletín, en el colmo del descaro consigna lo siguiente y cito textual: “Es importante señalar que la actualización de costos tiene por objeto que los proyectos de la Red de Autopistas de Cuota Federal mantengan un equilibrio económico, ya que los ingresos son empleados en la administración, operación, conservación y mantenimiento de las autopistas”. 

Usted, como yo, seguramente se está riendo porque absolutamente nadie les cree eso. ¿Cuál conservación? ¿Cuál mantenimiento? 

TAMBIEN LAS LICENCIAS

Para que no tengamos duda de la falta de solidaridad y compromiso del gobierno de la 4T con el “pueblo bueno”, con la justificación del ajuste inflacionario, a partir de este mes la administración estatal también aplica un incremento en las tarifas para la expedición o renovación de licencias para conducir.

De este modo, si usted es un conductor de vehículo particular y desea obtener la licencia por primera vez, deberá pagar 1,643 pesos, en tanto que sólo requiere canjearla, el costo es de 821 pesos.   

Quienes ya han expresado su inconformidad en varias zonas del estado, son los operadores de transporte público, porque acusan que el ajuste es totalmente arbitrario y señalan que la autoridad estatal, para aparentar que protege la economía de los usuarios, no autoriza que los concesionarios aumenten a su vez sus tarifas desde hace veinte años, pero en cambio, aplica esas alzas a las licencias.

CINISMO

Vaya descaro de algunos “distinguidos” militantes del PAN en Córdoba. No cabe duda de que los tiempos en que las filas de ese partido estaban conformadas por gente decente, con convicción ideológica, un modo de vida honesto y buena fama pública, han pasado a la historia.

El intercambio de acusaciones entre la exalcaldesa Leticia López Landero y quien fuera diputado local en los aciagos tiempos de Fidel Herrera Beltrán, Alfredo Grajales Jiménez, en torno al millonario bono que ahora se sabe se repartieron los integrantes de la anterior comuna con todo cinismo, evidencia la decadencia de ese partido que ahora sólo es un botín de vivales.

Y entretanto los ciudadanos se preguntan, ante tan lamentable espectáculo. ¿Dónde queda el supuesto combate a la corrupción por parte del actual gobierno? ¿Don Cuitláhuac dejará de amenazar y por fin aplicará la ley? ¿Las instancias que deben combatirla van a hacer mutis? ¿Son omisos o de plano cómplices? 

Ahí queda la interrogante.