Políticas, traiciones y algo más – Desaparecen órganos “autónomos”

Marco González Kuri

Como ya es costumbre, solo falta que el Presidente se pronuncie en reformar algo para que la oposición salga a denostar lo que proponga, ahora que opina desaparecer algunos órganos autónomos, por costosos y porque duplican funciones.  Allí pues tenemos que los tres órdenes de gobierno cuentan con sistemas para fiscalizar y transparentar el destino de los recursos públicos, es más hasta me atrevería a decir que sobran mecanismos fiscalizadores, contralorías, de transparencia y acceso a la información, pero faltan leyes que sancionen las irregularidades que detectan. 

Existe un sistema nacional de fiscalización, que incluye a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Secretaria de la Función Pública (SeFP), los 32 organismos fiscalizadores estatales, y los 32 órganos estatales de control (Contralorías), además de los 32 Institutos de acceso a la información. Este gasto al país asciende a más de 41 mil millones de pesos al año, solo a la ASF le establecen 2,400 millones de pesos (MDP), a la SeFP 2,300 MDP, y un promedio para organismos fiscalizadores estatales, les asignan una media de 900 MDP, y a las Contralorías estatales en promedio 250 MDP. Considerando los 32 Estados, se erogan más de 36,500 MDP, más la ASF y SFP, representan más de 41,200 MDP al año. Esto sin incluir a las contralorías municipales, ni a los Institutos de transparencia. Y cada una de ellas depende del legislativo, federal o estatal. 

Las facultades para fiscalizar son; la ASF, fiscaliza todo el recurso Federal, los Órganos Estatales Fiscalizadores, examinan el recurso estatal, municipal y el autogenerado, los despachos externos verifican la correcta aplicación de recursos, la SeFP y las contralorías estatales y municipales, vigilan que los servidores públicos entreguen sus declaraciones patrimoniales, que las adquisiciones y asignación de obras públicas cumplan con las normas establecidas. Y los institutos de transparencia dar información a la ciudadanía sobre todos los temas de gasto y aplicación de recursos gubernamentales tanto en la federación como en estados y municipios. 

Sin embargo la legislación actual los dota de pocas facultades en materia de sanciones o devolución de recursos, existen diversas leyes, códigos y reglamentos, pero la realidad es que se deben mejorar sus alcances, para tener certeza sobre el ejercicio del gasto en los tres niveles de gobierno, y que haya sanciones, devoluciones e incluso cárcel a servidores que desvíen recursos.

Claro que valdría la pena explorar una reforma integral, en que se homologara todo este aparato en uno solo, para cada orden de gobierno, pero con leyes que tuvieran mayores facultades para sancionar y ordenar devoluciones, un organismo realmente autónomo, que no dependan del legislativo, del ejecutivo, ni del judicial,  pues con el acomodo de las cámaras, se deben a los partidos y estos a su vez a los gobernantes del partido que los postulo, convirtiendo a los Órganos de Fiscalización en Instrumentos de represión política. No solo es descalificar  la verdad es un exceso de burocracia que el país puede invertir en otras necesidades.

Aquí en nuestro estado Veracruz, el Órgano de Fiscalización del Estado, emite cada año el informe de cuentas públicas, de las que se desprenden irregularidades y presuntos daños patrimoniales, cada año se anuncian millonarias observaciones e irregularidades y casi ninguno es sancionado, aunado a ello la Auditoria Superior no ha tenido la sensibilidad de suscribir convenios de colaboración con los entes fiscalizadores estatales, para delegar en ellos la revisión de la aplicación del recursos federales, por lo que las revisiones que se practican quedan más bien en buenas intenciones. Informemos con realidad la ciudadanía que no conoce estos mecanismos, o desconfían de ellos. Que se institucionalice una cultura de rendición de cuentas y transparencia en los gastos públicos y en todos los órdenes de gobierno. Y como dice el presidente, ¡basta de Gobierno Rico, con Pueblo pobre¡