PROSPECTIVA — Inmundicia: ASF se abstiene de opinar
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Jaime Ríos Otero
II parte
El caso Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) es, hasta este momento, la insignia de la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel. La malversación es de más del doble del escándalo llamado la Estafa Maestra. Aparece en las páginas 44 y 69 del “Tercer informe 2021 de la Auditoría Superior de la Federación”, según el análisis realizado por el doctor René Mariani Ochoa, investigador de la Universidad Veracruzana, cuya primera parte publicamos en esta columna el miércoles.
En la cuenta pública 2021 se reportan 2 mil 346 millones de pesos en irregularidades, las que deben sumarse a 8 mil 635 millones del año 2020 y 4 mil 167 millones de pesos de 2019. Esto suma 15 mil 148 millones de pesos de anomalías en Segalmex, mientras que la Estafa Maestra alcanzó “apenas” 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales.
Segalmex administra a Liconsa (industrializadora de leche) y Diconsa (abasto de productos básicos y complementarios).
El despacho que revisó las cuentas de Liconsa en 2019 dijo que estaba limpia, pero en 2021 su postura fue de “abstención de opinión”. Similar fue el caso de Diconsa, que en 2019 tuvo salvedades, pero en 2021 “abstención”. Y, en general, respecto de Segalmex, dictamen con “abstención”.
Inaudito. Abstenerse de opinar porque está tan mal la documentación, participaron empresas-fantasma, farsantes fiscales inhabilitadas, otras sin capacidad técnica, humana y financiera, con estudios de mercado simulados, con pagos sin documentación acreditada y empresas hasta sin empleados. A ese drenaje se fueron los 15 mil y pico de millones de pesos.
El doctor Mariani citó numerosas deficiencias en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. De manera prominente, que las revisiones están orientadas a estados y municipios, órganos autónomos y el Poder Judicial, mientras que se auditan muestras mínimas del Poder Legislativo y del Ejecutivo Federal, o nada se revisa, como en el caso de la Oficina de la Presidencia.
La Auditoría Superior de la Federación nació en el año 2000 y empezó a hacer sus Informes del Resultado a partir del 2001. El propio Informe al que estamos aludiendo aquí menciona que entre 2001 y 2008 recuperó 41 mil 091 millones de pesos; en 2012 recuperó 18 mil 5 millones, en 2016, 14 mil 144 millones; en 2017, 10 mil 657 millones, y entre 2018 y 2021 está por recuperar un monto total de 8 mil 792.9 millones de pesos.
El total de recuperaciones que ha tenido en toda su historia la Auditoría Superior ha sido de 155 mil millones de pesos, pero resulta que, en los últimos cuatro años, es decir, del 18 al 21, sólo se ha recuperado el 5.6% de todo ese gran total. Esto es, el lapso de 4 años (ya dentro de la 4T) ha sido el menos productivo.
Algún defensor de Andrés dirá que porque hay menos corrupción. ¿Y entonces Segalmex, que es el más grande fraude a las finanzas públicas hasta ahora conocido?
Pero agárrese: resulta que precisamente en Segalmex trabajó de septiembre de 2019, hasta 2022, Rogelio Margarito Colmenares Páramo, hermano del Auditor Superior, David, de los mismos apellidos.
En fin, las cuentas públicas son un solar infecto de desviaciones, donde priistas y panistas resultan unas hermanitas de la caridad, si nos permite la sorna.
Y si lo duda, consulte el Informe de la Auditoría Superior de la Federación aquí:
O vea la conferencia. Ahí el expositor va diciendo en qué páginas se encuentran los distintos temas:
Sigue causando problemas
Sigue causando problemas en la Secretaría de Educación, cuyo titular es Roberto Zenyazen Escobar, la funcionaria Lilian Cuevas Franco, quien tuvo que dejar la Dirección de Recursos Humanos de la SEV en 2020, ante las quejas de profesores de que ocupó el puesto para mejorar la adscripción de numerosos familiares.
Entre los beneficiarios, se reportó que movió a su hija Irais Rivadeneyra Cuevas, a su hermano Luis Alberto Cuevas Franco, a su sobrina Carolina Cuevas Rivera, y a su cuñada Elizabeth Rivera, a todos los cuales situó en mejores zonas que donde estaban, repartió plazas y atropelló todo lo que pudo los derechos de otros profesores que no son de su familia.
Lo último que está haciendo ahora como titular de la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial es hostigar a trabajadores a su servicio, agresiones laborales, abuso de autoridad, acoso sexual, hostigamiento, prepotencia, descuentos económicos, jornadas excesivas, aplicación de normativas inexistentes, explotación en días festivos y de descanso obligatorio, cambios de adscripción (otra vez), entre muchas acciones abusivas más.
Esto ha llevado a que trabajadores, que les contarán a sus nietos la desgracia que sufrieron al haber estado a las órdenes de esta dama, tengan que acudir a los órganos de control correspondientes para quejarse y denunciar a la ventajosa auto-servidora pública.
De las quejas están tomando conocimiento el Órgano Interno de Control de la SEV, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el área jurídica de la propia Secretaría y la Sección 56 del SNTE, por lo menos.
Vaya procuradora de justicia
La fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Xalapa dependiente de la Fiscalía General del Estado, Alma Cristal Rivera Pacheco, fue partícipe en una especie de complot mafioso para despojar de su camión de carga a un transportista y entregárselo a una mujer que exhibió una factura presuntamente alterada.
El afectado es el señor Carlos Bonilla Barrios, quien se dice propietario del camión de carga International, modelo 1981, con placas 81YE6764A, del cual fue despojado por malandros el 20 de diciembre del año pasado, a la altura de La Bocana.
Cuando el vehículo fue encontrado y él intentó recuperarlo ante la Fiscalía, resulta que se le había adelantado otra persona, la cual alteró la factura que obraba en el interior del propio vehículo, pero que, con ese documento estaba siendo favorecida por la fiscal distrital, Rivera Pacheco, quien en principio omitió dar conocimiento a un juez, en primer lugar, porque hubo robo con violencia del vehículo y, en segundo lugar, por la discrepancia de propietarios.
El señor Bonilla ha tenido que dar muchas vueltas, contratar a un abogado y lograr que Hacienda hiciera constar que la propiedad le corresponde a él.
Ahora demanda que la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, intervenga en este caso, que por lo menos debe abochornar a toda la institución del Ministerio Público, cuya misión constitucional es la procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las leyes.
Campaña contra la caseta
Visionario, el colega Luis Emmanuel Domínguez se decidió a emprender una campaña para exigir que fuera desaparecida la caseta de Fortín, que tanto afectaba a la gente de las localidades de la región.
Más o menos a los tres meses, el gobierno federal anuncia que la caseta desaparece.
