PUNTO DE VISTA — Justicia a la veracruzana
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Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El bloque opositor no esperó mucho para anunciar las medidas que habrá de tomar rumbo a las elecciones del 2024. *** Según “sus cuentas”, los resultados en Coahuila y el Estado de México representaron un “triunfo”, pues explican que en conjunto sumaron 3.5 millones de votos en ambos procesos. *** Este lunes dieron a conocer que la alianza Va por México iniciará de inmediato los trabajos para definir el método de selección para su candidatura presidencial. *** Explicaron que
se realizarán reuniones con simpatizantes e integrantes de la sociedad civil, y el próximo lunes 26 de junio se anunciará el procedimiento. *** Los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD subrayaron ante medios que no permitirán que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni Morena, impongan a algún candidato en la alianza, por lo que descartaron la posibilidad de que alguna “corcholata” (los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena) sea aspirante de Va por México: “Ningún retazo de Morena tiene cabida”, dijo Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
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La actitud de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Aurelia Jiménez Aguirre, fue de una bajeza imperdonable. La titular del Poder Judicial de Veracruz traicionó a una juez y la entregó a su contraparte del Poder Ejecutivo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
¿Cuál fue el pecado de la juez Angélica Sánchez Hernández? Dar cumplimiento a una sentencia amparadora emitida por un juez de Distrito, acto al que estaba obligada por ley.
Angélica Sánchez Hernández, juez de control radicada en Cosamaloapan, fue citada por la magistrada presidente, quien le preparó una emboscada, pues ya la esperaban elementos de la policía estatal, que cumplimentaron una orden de aprehensión, ordenada -por supuesto- por la misma magistrada.
Todo tiene su origen en los procesos que inició la Fiscalía de Veracruz (bajo las órdenes del gobernador) en contra de Itiel Palacios García, a quien las autoridades han impuesto el apodo de “Compa Playa”.
Este sujeto fue señalado de haber sido el autor material (esto es, el que disparó) del asesinato del diputado local priista Juan Carlos Molina. La Fiscalía estatal basó su acusación en la declaración de un “testigo” que dijo haberlo visto, a pesar de la considerable distancia que los separaba, cuando le disparó a la víctima.
En aquel proceso, los abogados Itiel Palacios demostraron ante un juez de Distrito que no había elementos suficientes para vincular a su defendido, por lo que se le concedió un amparo. El juez de control que recibió la sentencia amparadora acató la orden y lo puso en libertad.
La Fiscalía, sin embargo, no permitió que abandonara la cárcel, pues de inmediato le inició una nueva carpeta de investigación, acusándolo de otros dos crímenes, cometidos en Playa Vicente.
Los abogados de Itiel Palacios volvieron a hacer su trabajo y consiguieron nuevamente la protección de la justicia federal. Su cliente había sido enviado a un reclusorio en Ramos Arizpe, Coahuila, donde recibieron la notificación de la sentencia y lo pusieron en libertad. Sin embargo, una vez más fue detenido al momento en que pretendía abandonar la cárcel.
La Fiscalía de Veracruz pidió el apoyo de su par en Coahuila para que fuera detenido, pues ya le tenían una nueva orden de aprehensión.
No contentos con aplicarle a Itiel Palacios la misma medicina que al exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco (una acusación tras otra para mantenerlo en prisión), la Fiscalía fue contra la juez de control que acató la sentencia del juez de Distrito.
La juez, hoy detenida, transmitió a través de su hija su versión de los hechos. Dijo que ordenó la libertad de Itiel Palacios “por los defectos en la investigación de la Fiscalía de Veracruz” y admitió que “su pecado” fue no haberle informado a la magistrada presidente Lisbeth Aurelia Jiménez, su determinación en el caso.
La juez narró que, en una audiencia sobre ese caso, los abogados de Itiel Palacios le pidieron que se excusara de atender ese asunto, con el argumento de que ella había sido nombrada por Eric Cisneros (el secretario de Gobierno).
“Me negué porque yo tengo una carrera judicial intachable de 25 años que me avala. Pero (esa petición) me hizo pensar que el hombre (Éric Cisneros) es su enemigo y como desgraciadamente nuestra Presidenta responde a los intereses de ese señor, pues ahora me querrán causar daño”.
Y aclaró que ella le explicó a la magistrada presidente que no podía dictar una vinculación a proceso “ante tales deficiencias y por supuesto que tampoco iba yo a inventar datos como lo hizo la Fiscalía”.
Esa ha sido una actitud recurrente del gobernador Cuitláhuac García: cada que la Fiscalía pierde un caso en tribunales (que es con mucha frecuencia) les echa la culpa a los jueces, a los que trata de “corruptos”. Sabe que a los jueces del fuero federal no los puede doblegar (aunque los amenaza y señala públicamente, sin pruebas) pero a los jueces del fuero local los tiene bajo control, pues la magistrada presidente fue puesta en ese cargo por él, y acata ciegamente sus órdenes, aunque para eso tenga que ir en contra del personal al que debería defender.
Nunca, ni siquiera por error, el gobernador ha hecho referencia a una pifia del personal de la Fiscalía, de ahí que todos ellos se sientan protegidos y cometan todo tipo de abusos, sabedores de que el gobernador los defenderá.
Esa es la “justicia” que padecemos los veracruzanos.
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Epílogo.
El cinismo es asombroso. El pasado domingo, en el Estado de México, fue detenido Rubisel Velázquez Castillo, gerente de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto Veracruzano de la Vivienda de Veracruz (Invivienda). *** Al momento de su detención, por parte de la policía mexiquense, se desplazaba en un vehículo Aveo color gris con placas de Veracruz. En el interior del vehículo fue localizada una libreta con listas de claves de elector, números de teléfono, claves únicas de Registro de Población (CURP) y 12 mil pesos en efectivo en un sobre amarillo. *** A pesar de las evidencias, este lunes el gobernador dijo que las acusaciones eran falsas y, aunque admitió que fue detenido, aclaró que horas más tarde lo dejaron en libertad. *** “Lo acusaron de cosas falsas”, insistió el gobernador, quien dijo que no había razones para separarlo de su cargo. *** Nadie explicó que hacía en el Estado de México, justo el día de las elecciones, con información del padrón electoral de aquella entidad y con dinero en efectivo. *** Así, o más desaseado, será el proceso electoral en Veracruz el próximo año.
