PUNTO DE VISTA – La macana de Cuitláhuac

6 min read

 1,656 vistas

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
En una democracia auténtica, en un gobierno honesto e incorruptible, sería aberrante, impensable que quien encabeza el órgano encargado de administrar justicia, este considerando la búsqueda de subterfugios legales para mantenerse en el cargo, a pesar de que existen mandamientos jurídicos que le obligarían a dejar su cargo e irse al retiro. *** Nada de eso le interesa a la actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, quien en el 2022 llega a los 70 años de edad y, por consecuencia, deberá dejar su cargo. *** La Constitución local de Veracruz establece en su artículo 59, segundo párrafo, que para los magistrados será motivo de retiro forzoso: “I. Haber cumplido los diez años en el cargo sin ratificación; II. Haber cumplido setenta años de edad; o III. Haber cumplido quince años en el cargo”. Inés Romero estará en el segundo supuesto. *** Entrevistada la mañana de este jueves en su visita al congreso del Estado, la magistrada presidenta admitió que llegaría ya a la edad del retiro, pero dejó abierta la posibilidad de solicitar una dispensa para continuar en funciones. *** ¿Será capaz de violentar la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir?


Raymundo Sánchez Patlán, subdirector editorial de El Heraldo de México y autor de la columna “Periscopio”, no se anduvo por las ramas: “Justo como Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua que mantiene presos a unos 160 opositores y es ensalzado por el ala morenista que apoya a Cuitláhuac (García).
El analista hace un somero recuento de los actores políticos que en Veracruz han caído a la cárcel mediante el uso –o abuso- de esa herramienta jurídica conocida como Ultrajes a la Autoridad:
Gustavo Díaz Sánchez, diputado del PRI en el Congreso de Oaxaca, detenido el pasado 4 de noviembre en Veracruz, junto con su hijo José Alberto Díaz y otro acompañante; Gregorio Gómez Martínez, excandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, detenido el 7 de abril de 2021, dentro de su negocio de autopartes; Rogelio Franco Castán, diputado federal del PRD, detenido el 13 de marzo de este 2021. Rindió protesta desde su celda en el penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes; Marco Antonio San Martín Lara, director de la Policía Municipal de Tihuatlán, detenido en septiembre, y Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación de Veracruz, detenido el 17 de marzo de este año durante una manifestación frente a la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
“Son sólo cinco de las decenas de personas sobre las que el gobierno de Cuitláhuac García ha fincado el delito de ultrajes a la autoridad, penado en Veracruz hasta con siete años de prisión desde marzo pasado, cuando entró en vigor la reforma, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso local, al artículo 331 del Código Penal, para endurecer las sanciones por ‘agravios’ o ‘amenazas’ a la autoridad”.
En reciente entrevista ofrecida al canal oficial Radio y televisión de Veracruz (RTV) el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, pretendió justificar la aplicación de ese precepto jurídico y dijo que la reforma realizada durante la actual administración, tenía como fin “homologar” el Código Penal de Veracruz con lo que establece la Constitución De los estados Unidos Mexicanos.
Eso es absolutamente falso.
El artículo 19 de la carta Magna establece, en su segundo párrafo:
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.
Hugo Gutiérrez se refirió en especial a ese fragmento donde se señala: “delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”.
¿Acaso Rogelio Franco utilizó un arma de fuego o explosivos al momento de “ultrajar” a la autoridad?
La fiscalía argumentó que el político perredista “le rasgó” la camisa a uno de los elementos que intentaba aprehenderlo, a pesar de que él contaba con una suspensión de un juez de distrito.
¿Acaso la titular de la Unidad de Género de la propia Fiscalía, Adriana Vichi Cruz, utilizó un arma o explosivos para “ultrajar” a la autoridad?
El reporte policiaco señala que la dama “rasguñó” a los policías que se disponían a aprehender al alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas Sosa. Por cierto, versiones de testigos del operativo señalan que los elementos de la Policía Ministerial que cumplimentaron la orden de aprehensión, portaban el equipo táctico que se requiere para esos casos, esto es, chaleco antibalas, guantes y pasamontañas. ¿Cómo pudo lastimar con sus uñas a elementos equipados y entrenados para repeler cualquier agresión?
Lo dice el analista Raymundo Sánchez: “Aplica hasta por levantarle la voz a los policías del estado, quienes se pueden y se dan el lujo de incurrir en violaciones a derechos humanos de ciudadanos, sobre todo si son opositores al gobernador García, quien se mandó a hacer esta macana a la medida”.


Epílogo.
Y abundando sobre este tema, en la sesión ordinaria de la Legislatura local, este jueves, el diputado Ramón Díaz Ávila presentó una iniciativa para modificar el delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal del Estado. Propuso que no se le equipare con un delito grave. *** El legislador petista dijo que 16 de sus compañeros de partido tienen órdenes de aprehensión por ultrajes a la autoridad, por defender el Derecho que ellos consideraban en las urnas en junio de este mismo año. *** “El compañero Pasiano Rueda Canseco se encuentra en estos momentos preso por este delito, por defender su triunfo en Jesús Carranza. Legislar en bien de la sociedad es una responsabilidad moral de quienes hoy formamos parte de esta soberanía”, señaló. *** En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud confirmó 3 mil 180 nuevos contagios de Covid-19 en México, con un total de 3 millones 911 mil 714 contagios. Los decesos se elevaron en 293, con un acumulado de 296 mil 186, desde el inicio de la pandemia en territorio nacional. *** El Reporte Técnico Diario sobre el estado de la pandemia en el país reporta una reducción de 13 por ciento en la curva epidémica para el periodo del 21 al 27 de noviembre, en comparación con la semana previa. Pese a ello, los casos activos estimados, es decir, con capacidad de transmisión, se mantienen por arriba de los 20 mil. *** Por lo que respecta a la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia federal informó que este miércoles se aplicaron 454 mil 142 dosis, con un acumulado de 135 millones 481 mil 459 vacunas administradas desde hace casi un año. *** A la fecha, el gobierno federal reporta que 79 millones 202 mil 68 personas han sido inmunizadas. De ellas, el 83 por ciento, es decir, 65 millones 630 mil 611 han completado su pauta de vacunación, mientras que a 13 millones 571 mil 457 se les ha aplicado medio esquema.

filivargas@gmail.com

Comparte en redes sociales: