PUNTO DE VISTA – Violencia de género en la FGE

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* Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

La titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, no ha terminado de entender que su trabajo no es fungir como “defensora de oficio” del gobierno estatal ante los órganos de fiscalización. *** Ella debe, sí, orientar a cada ente fiscalizable del estado para que siga su manejo financiero apegado a la normatividad. *** Sin embargo, Mercedes Santoyo sale a dar la cara a nombre de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante las observaciones que le hizo a Auditoría Superior de la Federación (ASF) por siete millones de pesos. *** La contralora se apresuró a explicar que se está en la etapa de aclaración de esas observaciones, para evitar que sea declarado un daño patrimonial. *** Una de las observaciones corresponde a cuatro millones de pesos por la compra de armas a la Sedena, y la segunda, de dos millones 900 mil pesos, es sobre gastos aplicados al Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA). *** La contralora debería dedicar su tiempo a atender los temas que ella asegura que ya están resueltos, pero que siguen vigentes en los tribunales, como la denuncia que dio origen a la recomendación 02/2022 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHV), por hostigamiento sexual por parte de un funcionario de la Secretaría de Gobierno, obstaculización del acceso a la justicia en la Contraloría y omisiones en la atención por el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa. *** Ya hay un amparo en proceso y un expediente que camina en los juzgados de la entidad.


* * *

Lo ha dicho en múltiples ocasiones el gobernador de Veracruz. 

Apenas en el mes de noviembre del 2021, con motivo de su tercer informe de gobierno, afirmó, categórico, que en Veracruz las mujeres ya son reconocidas, visibilizadas y pueden soñar y realizarse libres.

Atribuyó esa circunstancia al “fortalecimiento de las instituciones de atención directa, la implementación del Protocolo de Atención Inicial con Perspectiva de Género y el apoyo social”.

Cuitláhuac García dijo en aquella ocasión que su gobierno era “una administración que lo hace de la mano de las mujeres”.

Un discurso sin duda alentador que, sin embargo, choca contra la realidad. Hoy las mujeres en la administración estatal son acosadas, violentadas y abusadas por mandos misóginos que imponen su ley, sin argumentos jurídicos ni el menor respeto a la calidad humana y profesional de la mujer.

La titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadans, tiene un ejemplo muy cerca de ella. Tal vez no esté enterada o, si lo sabe, le da poca importancia.

El pasado viernes 8 de julio el director de la Policía Ministerial de Veracruz, Samuel López Leza agredió verbalmente y a gritos a una mujer, la maestra en derecho Wendy Rodríguez Rivera, Policía Ministerial Acreditable, quien había acudido hasta su oficina para informarse sobre las nuevas tareas que le habían sido asignadas.

En efecto, un par de día antes Wendy Rodríguez fue informada de su cambio de adscripción (oficio FGE/PM/DG/3745/2022), a las instalaciones de la Dirección de la Policía Ministerial, como elemento de la Guardia Operativa.

Al llegar a su nueva área de trabajo, un compañero de la Guardia, Humberto Rayón, le informó en primera instancia que trabajaría “24 por 24” (esto es: trabajar 24 horas y descansar 24 horas) con descansos de fin de semana cada 15 días, un solo día. Sin embargo, mientras le detallaba sus tareas, Humberto Rayón recibió una llamada y al regresar con Wendy Rodríguez le informó que tenía nuevas instrucciones: que su horario sería de 12 horas (de 9 de la mañana a 9 de la noche), de lunes a domingo, sin día de descanso y sin vacaciones.

Ese fue el motivo de su visita al Director General de la corporación quien la recibió afuera de su oficina, a gritos y con insultos: “¡Usted es Wendy?, pues usted es una vieja y es policía y tiene que hacer lo que yo le digo, en el horario que yo le digo y con las condiciones que yo le ordeno!”.

El director de la Policía Ministerial, con maestría en derecho, olvidó un par de párrafos del artículo primero de nuestra carta Magna.

El primero, que sentencia: “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”.

Y el siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Luego de la agresión verbal recibida de su superior, Wendy Rodríguez le agradeció su atención y se retiró. Al presentarse a laborar, le informaron que tenía prohibido el ingreso y la remitieron a las oficinas centrales de la Fiscalía.

Cuando finalmente se pudo entrevistar con la subdirectora de Recursos Humanos, Yadira Arróniz Sánchez, ella le indicó que volviera a su centro de trabajo, que ya le permitirían acceder y que ahí ya tenían un oficio con sus nuevas responsabilidades.

Al llegar a la Policía Ministerial le mostraron un oficio en el que “por necesidades del servicio” se le comisionaba al municipio de El Espinal. En virtud de que se negó a firmar dicho documento, se le impidió quedarse con una copia o tomarle una fotografía y se le instruyó que abandonara las oficinas.

No hay una sola mancha, en el expediente de Wendy Rodríguez Rivera, en 9 años de labor profesional. 

En fechas recientes fue reconocida por su desempeño y tuvo la oportunidad de representar a la propia Fiscalía como Consejera Técnica del Ceneval (Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior), nombramiento que dura dos años y que tuvo el aval del propio director, Samuel López Leza, quien en un oficio reconoce que ella cubre “el perfil idóneo” para formar parte del Consejo Técnico del Examen General para la Acreditación a Nivel Técnico Superior Universitario como Policía Investigador.

La reacción violenta y las represalias laborales en su contra no tienen una explicación lógica, ni sustento jurídico alguno, por lo que se encuadran en actos de violencia y acoso en razón de género.

Wendy Rodríguez Rivera intentó, de manera infructuosa, entrevistarse con la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, la misma que en septiembre del 2020 expresó:

“A todas las mujeres que sufran violencia les digo que se acerquen a la Fiscalía, porque hay un nuevo rostro para atender ese tipo de delitos y deben de tener confianza”.

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Epílogo.

Con más de 24 horas de retraso el gobernador Cuitláhuac García salió a responder, con un listado de cifras aportadas por su secretario de Finanzas, José Luis Lima, al señalamiento puntual de que él ha generado más deuda de la que dejaron Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. *** Se les olvida a los asesores del gobernador que la deuda pública de cada entidad está registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que en esa instancia nunca se han referido a una deuda “de más de 80 mil millones de pesos”. *** siguen creyendo que, si lo dice el gobernador, todos lo debemos dar por cierto. *** La Secretaría de Salud informó que este martes se notificaron 34 mil 095 nuevos casos de Covid-19 en el país, por lo que en total suman 6 millones 488 mil 358. En cuanto a los fallecimientos registrados, fueron 134, con lo cual han ocurrido en México un acumulado de 326 mil 657. *** Al corte de información de este martes, se tienen registrados 222 mil 963 casos activos, esto es aquellos que tienen capacidad de transmisión. *** En cuanto a la ocupación hospitalaria, la dependencia dio a conocer que en las camas generales se mantiene con una ocupación de 18 por ciento y la de camas con ventilador mecánico, es decir las que están destinadas a pacientes en estado crítico de salud, tampoco tuvo variación, y está en 5 por ciento.

filivargas@gmail.com

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