SCRIPTA MANENT – El Sistema Estatal Anticorrupción, sin ciudadanos, y sin Presidente…

Luis E. Domínguez R.

-A finales de la semana pasada, en una sesión solemne muy particular, por secreta y poco atendida presencialmente, a la que no pudieron asistir ni periodistas ni invitados, quedó acéfala la presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción SEA, al vencer el período para el cual fue designado el Maestro Aarón Ojeda Jimeno.

La ocasión del cambio de estafeta de la Presidencia se prestaba para cacarear en todos los foros y medios posibles los resultados actuales de la lucha contra esa desgracia nacional, que es la principal causa de todos los males, y por supuesto el principal objetivo a vencer de la 4T, si nó el único. Porque para AMLO, la corrupción es la madre de todos los males nacionales.

En su libro ” El Imperio de los Otros Datos”, Luis Estrada señala que la corrupción, de acuerdo con López Obrador, “es el origen y fundamento de cualquier situación que evalúa como negativa en México y que, según afirma, su gobierno ya eliminó o está erradicando. De hecho, el presidente López Obrador ha sacado un pañuelo blanco 22 veces en las conferencias de prensa para afirmar que ya se acabó la corrupción, una afirmación que, por ambigua, no se puede demostrar, pero que genera un debate entre los que lo apoyan y los que no, polarizando y dando de qué hablar. La corrupción es mencionada por el presidente más de ocho veces en promedio por conferencia, pues cualquier problemática actual la adjudica a la corrupción del pasado y, por tanto, al acabar con la corrupción, como afirma, terminarán todos los problemas”.

De acuerdo al seguimiento y análisis que Estrada y su equipo han hecho a las conferencias mañaneras y que exponen en el libro mencionado, el Presidente utilizó la palabra corrupción en las mañaneras de sus tres primeros años de gobierno, un total de 5,878 veces.

Acá en la tierra, hemos vivido la experiencia de que el gobernador de Veracruz ha insistido en convertirse en el principal “repetidor” de López Obrador. Así que en Veracruz, la corrupción tendría que significar y valer lo mismo para Cuitláhuac García que para su sensei.

Pero en los hechos, el combate a la corrupción en Veracruz ha quedado en discursos, posturas e intenciones. No se percibe paso o acción concreta que busque cambiar las cosas. Tanto en materia de corrupción como en combate a la impunidad, el asunto está, para el veracruzano común, todavía peor que cuando estábamos mal.

Y el Sistema Estatal Anticorrupción, creado para dirigir, concentrar y evaluar el combate a este flagelo en Veracruz, lo único que ha generado es ejemplos de más corrupción, de opacidad en el manejo patrimonialista del poder y los presupuestos, y de desprecio al ciudadano y sus exigencias e interés porque las cosas cambien.

El evento de “cambio” en la Presidencia del SEA no pudo ser más disminuído, más sobajado, ninguneado e ignorado por el gobierno de Veracruz y sus componentes. Ni un boletín. Vamos, ni una fotografía circuló ninguna oficina de Comunicación Social, respecto de la que debió haber sido una ceremonia bien publicitada.

Recordemos que el SEA surge como organismo concentrador del esfuerzo nacional para combatir y acabar con la corrupción. Para crear el Sistema Anticorrupción se modificó la Constitución de la República en el año 2015. Para traerlo a Veracruz se modificó la Constitución del Estado en 2017. Se crearon nuevas leyes estatales, entre ellas la Ley 348, y se emitieron pinchemil discursos y otras pinchemil conferencias y acuerdos de todo tipo, para involucrar formal y activamente a los ciudadanos en la lucha anticorrupción…

Y, más de cinco años después de tantísima alharaca, el gobierno de Cuitláhuac García se esfuerza en demostrar que el tema les vale absolutamente un inche cacahuate babeado. Su desprecio al tema, combinado con una malentendida ambición de poder por el poder mismo, quedó expuesto cuando decidieron ignorar leyes y normas para acomodar en el equipo gubernamental a la morenista Adriana Paola Linares Capitanachi, nombrándola Secretaria Técnica del SEA, el órgano administrativo desconcentrado que debiera servir como soporte para las tareas del Sistema.

Fue evidente la falta de aplicación de la Ley, pues además de que Linares Capitanachi incumplía los requisitos que marca la norma, porque había sido diputada local y tiene militancia partidista -cosas previstas en la norma-, sin dilación ni justificación la mayoría morena en el Congreso le otorgó una dispensa para evadir ese impedimento, marcado en la ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción.

Su llegada a la Secretaría Técnica marcó el inicio de una campaña que evidentemente tenía el objetivo de anular la participación ciudadana en el Sistema. Los apoyos a los comisionados ciudadanos se retiraron de inmediato y se buscó por todos los ángulos someter a quienes participaban en el Comité de Participación Ciudadana y a los que, al menos en lo que dice la Ley, corresponde presidir el Sistema.

Con Aarón Ojeda en la Presidencia, el Comité de Participación Ciudadana se enfrentó a dar resistencia a la ardua batalla, y, como apunta el expresidente del SEA y comunicador, Emilio Cárdenas Escobosa, pareciera que Ojeda Jimeno no tuvo más opción que “luchar a contracorriente ante la negativa de las autoridades para transparentar sus actos, rendir cuentas y combatir realmente a la corrupción; y como respuesta a su labor que se toma como impertinencia, se les han retenido los honorarios que por ley les corresponde, se les ha querido acusar de daño patrimonial, precisamente por recibir un pago por sus servicios profesionales, bajo el falaz argumento de que no se combate eficazmente la corrupción o la impunidad como dictan los objetivos del Sistema plasmados en la ley, cuando es más que obvio que esa tarea es facultad de las instancias gubernamentales y por más que quieran los comisionados ciudadanos nada se puede hacer sin la voluntad gubernamental”.

Los honorarios de 2021 que se debían a los comisionados ciudadanos, se retuvieron y nunca se pagaron. Los de 2022 desaparecieron del Presupuesto y tampoco se pagaron, y las actividades propias de los comisionados ciudadanos fueron minimizadas casi a cero.

La representación del gobierno estatal en el organismo, que recae en Mercedes Santoyo como Contralora del Estado, pareciera que “tomó el control del Sistema para defender ya no los intereses ciudadanos sino los del gobierno”, describe Emilio Cárdenas.

Y coincidimos con quienes han opinado que las iniciativas y propuestas de los integrantes del Comité Ciudadano han sido siempre frenadas o rechazadas. En los últimos meses de gestión, renunciaron tres comisionados ciudadanos y el cuarto simplemente dejó de participar. Solo Ojeda Jimeno “aguantó vara”, por los compromisos y responsabilidades que implicaba detentar la Presidencia.

Mientras maltrataba a los comisionados ciudadanos, la Secretaria Técnica, “despidió a decenas de empleados para acomodar recomendados, mudó las oficinas a un espacio de lujo en el que se paga de renta 140 mil pesos, el doble de lo que se pagaba” y, a los comisionados ciudadanos, “pretende desconocerlos como figuras pertenecientes al Sistema Anticorrupción”.

La opacidad y casi secrecía con la que actúa la Secretaría Técnica, solapada por el Estado, hace posible que se viole la norma que dice que a los integrantes del Comité Ciudadano solo puede removerlos el Congreso del Estado y tras resolución en ese sentido, suspender sus contratos de prestación de servicios profesionales.

Antes de renunciar o dejar de participar, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la presidencia de la mesa directiva de la LXVI Legislatura del Congreso local, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

Finalmente, venció el término de la gestión de los Comisión nados ciudadanos y el Presidente del SEA entregó cargo, oficina y bártulos… a la contraloría interna, pues como no se convocó a los ciudadanos veracruzanos a participar, la Presidencia quedó acéfala.

Hoy, Veracruz no cuenta con Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, y el Órgano de Control de ese Sistema, tampoco tiene Presidente.Pero lo más importante, en ese organismo, creado para dar formalidad a la participación ciudadana en el combate a la corrupción, no hay ciudadanos. Solo funcionarios públicos.

Así las cosas…