Luis E. Domínguez R.

“Las masacres que han ocurrido en días pasados, en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su Gobierno, ni el Congreso, ni la suprema Corte de Justicia, ni sus jueces, ni los derechos humanos han hecho nada, ni tienen la voluntad de hacerlo”.

La opinión anterior fue vertida en un programa de radio en noviembre del 2019, durante una entrevista realizada por la periodista Carmen Aristegui a un general retirado del Ejército Mexicano, de nombre Mauricio Ávila Medina, quien ha sido citado por la Secretaría de la Defensa Nacional para comparecer, en calidad de indiciado, pasado mañana (7 de julio) acompañado de abogados.

El delito previsto en el código militar que pudiera haber trasgredido, no se cita en el documento enviado y firmado por la Fiscalía General de Justicia Militar a través de la Quinta Agencia del Ministerio Público Militar, pero en los medios de información nacionales se afirma que el general Ávila Medina será arrestado por contradecir al presidente de la República, y criticar sus acciones respecto de la seguridad en el País.

Ávila Medina fue candidato independiente a la presidencia de la República en 2018. Su propuesta de Nación la construyó “considerando que los males de México provienen de los políticos que anteponen los intereses del partido a los de la Nación”.

El general de brigada diplomado de estado mayor retirado, y licenciado en Historia, dio a conocer un extenso documento en redes sociales, con diversos “considerandos” y propuestas específicas. La petición para su candidatura que se lanzó en una plataforma digital (change.org) alcanzó tres mil 294 firmas.

“Aquí en México, los secuestros, violaciones, asesinatos, ocurren por decenas diariamente, sin que el Gobierno haga nada”, expresó Ávila en la entrevista con Aristegui.

Y desde ayer, en Tuiter, el senador independiente circuló que el oficio del Fiscal General al general retirado, es por generar tensión en las filas castrenses con sus desacuerdos con las decisiones federales y de administraciones estatales: “la Fiscalía General de la @SEDENAmx cita a comparecer al Gral. Mauricio Ávila Medina, quien ha hecho públicos sus desacuerdos con las decisiones presidenciales.

En otro tema que es lo mismo pero no es igual, les comento que el pasado 6 de junio, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, publicó una serie de enmiendas al artículo 167 de aquel estado, para asegurar que la prensa -entre otros actores sociales- deje de publicar cuestiones relacionadas con la violencia que vive Sonora.

10 años de cárcel a quien publique información, opiniones, imágenes o videos relacionados con crímenes… así el decretazo: “Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

En el análisis más ligero, lo que el gobernador Durazo se abrogó, es la facultad para censurar la cobertura periodística, por la vía penal. La forma de ocultar la violencia en Sonora es evitando que se informe sobre ella.

Los diarios nacionales informaron del Decreto 40 de Durazo, pero las organizaciones internacionales fueron más allá, según reporta El Financiero a través de la columna de hoy de Raymundo Riva Palacio: “Al reaccionar al decreto 40 de Durazo, las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y Artículo 19 señalaron, en un comunicado, que las modificaciones al Código Penal no cumplen con los objetivos legítimos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de ésta, sino que generaban un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad. Las conductas que castiga este decreto son tantas, que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la misma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar”, agregaron. “Los conceptos que utiliza son tan abiertos como ‘compartir’, ‘enviar’ o ‘difundir’, que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban”.

Así que tenemos, hoy, dos casos interesantes. Un general retirado que podría ser arrestado por exponer sus opiniones respecto del régimen de López Obrador en torno a sus decisiones respecto de la seguridad… y un gobernador morenista de un Estado que tiene 3 a 1 en la proporción de legisladores a su favor, que emite un decreto que mandaría a la cárcel a periodistas que informaran sobre hechos violentos en Sonora, y a cualquier ciudadano que “comparta” el mínimo dato sobre algún hecho violento, en redes sociales, por ejemplo…

Así las cosas en este México nuestro. Vamos, sin duda, rumbo a una feliz Navidad 2022.

luisedomra@gmail.com