AL PIE DE LA LETRA — Justicia veracruzana: prueba de fuego

Raymundo Jiménez

Este martes 29 de agosto, a las 13:00 horas, se llevará a cabo en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del decimoséptimo Distrito Judicial del puerto de Veracruz una audiencia de imputación en contra del empresario Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel por los delitos de fraude, amenazas y daños dolosos en contra del también empresario cordobés Joaquín Rodríguez Fernández.

El caso, que ya hemos abordado en este espacio, ha tomado varios giros y lleva el tufo de la podredumbre de la corrupción que tanto han combatido en el Poder Judicial el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz. Esa telaraña, que alcanza magistrados y magistradas, jueces, ministerios públicos, entre otros, fue ventilada recientemente –en el fuero federal– por Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al hacer un recuento –con nombre y apellido– de magistrados y jueces que, ante la comisión de delitos graves se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, citó ocho casos en donde estarían involucrados el magistrado Martín Soto Ortiz, el magistrado Rafael Remes Ojeda y el licenciado Ricardo Reyes González, secretario del tribunal en funciones de magistrado, todos ellos integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.

También Luis Rafael Bautista Cruz, juez tercero de distrito del Séptimo Circuito del estado en Veracruz; Rafael González Castillo, juez segundo de distrito de Procesos Penales en Materia Penal en el estado de Veracruz; la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer; el magistrado José Saturnino Suero Alba y el magistrado Antonio Soto Martínez, que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en Veracruz.

En ese contexto, ha trascendido que el empresario Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel estarían intentando comprar la justicia en Veracruz y se habrían aliado con la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, Ihali Patricia Armas Márquez, quien ya fue denunciada por el agraviado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como consta en la carpeta de investigación 398/2023 y con el magistrado Sergio Jiménez Maraboto, ligado familiarmente con el Notario de Fortín de las Flores, Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, así como Ricardo Aguilar Rodríguez, quien ha defendido a la jueza Angélica Sánchez Hernández, acusada por actos de presunta corrupción y detenida en la Ciudad de México el pasado 16 de junio de 2023.

¿Podrá aplicarse la justicia en este caso, ante la red de intereses creados por los económicamente poderosos empresarios que encabeza Manuel Rodríguez Fernández? El caso de la jueza Ihali Patricia Armas Márquez, investigada en la causa penal 97/2023 del Juzgado de Control de Veracruz por la denuncia de la víctima, el empresario Joaquín Rodríguez Fernández, de haber recibido cantidades millonarias por haber dejado en libertad a los empresarios corruptos imputados, es más que evidente.

Y es que no obstante que los empresarios involucrados en el fraude tienen doble nacionalidad (española y mexicana), después de evadirse de la justicia en reiteradas citas de audiencia, la vez que se presentaron, la jueza Ihali Patricia Armas Márquez los dejó ir tranquilamente, sin siquiera celebrar la audiencia y decretarles prisión justificada debido a su doble nacionalidad, brindándoles todas las facilidades para evadir la justicia.

La audiencia que tendrá lugar mañana martes será sin duda una prueba de fuego para saber de qué lado está la justicia en Veracruz. Ha trascendido por voz de los propios imputados, que saldrá a flote el poderío económico de los empresarios acusados y que la audiencia se pospondrá nuevamente, como lo han venido haciendo en este último año. De celebrarse, presumen, será con un Juez a modo que ya tendrían negociado desde del Poder Judicial del Estado.

De ser cierta esta versión, nos daremos cuenta después de las 13:00 horas de este último martes de agosto, lo que evidenciaría el gran fracaso de la tan cacareada lucha contra la corrupción que tanto enarbolan estos gobiernos de la 4T en voz del presidente López Obrador y del gobernador García Jiménez. Esta audiencia, que ha sido pospuesta ya en varias ocasiones, pondrá a prueba la auténtica imparcialidad del Poder Judicial de Veracruz, que deberá demostrar si realmente se hace justicia en serio o se sigue apostando por una simulada honestidad. 

MÁS DE  2 MILLONES DE ALUMNOS 

INICIAN CICLO ESCOLAR 2023-2024 

El que acaparará los reflectores este lunes será el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien dará la bienvenida a más de dos millones de estudiantes y a casi 137 mil docentes de los diferentes niveles y subsistemas educativos al iniciar oficialmente el ciclo escolar 2023-2024.

A partir de hoy estarán abiertas las aproximadamente 24 mil escuelas que en total existen en el estado, ya que la semana anterior retornaron a clases los estudiantes y profesores del nivel medio superior y superior, reactivándose nuevamente la actividad escolar que es una de las más importantes que mueve la economía veracruzana. 

Sin embargo, en este inicio de clases las cosas son diferentes porque se ha puesto en marcha la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que incluye los nuevos planes de estudios y libros de texto gratuitos en el nivel básico que han generado polémica.

Sin embargo, para informar y escuchar a los padres de familia y docentes respecto al contenido del nuevo material educativo, bajo la batuta del secretario Zenyazen Escobar se realizaron en los últimos días los Foros para el Diálogo sobre los Libros de Texto para Educación Básica en las diversas regiones de la geografía veracruzana.

El titular de la SEV ha confrontado los embates de los grupos de la derecha que principalmente argumentan que en los contenidos de los ejemplares está plasmada la ideología de la 4T. Zenyazen ha reiterado que la educación de ninguna manera debe tener tintes políticos, y ha propuesto que antes de atacar se debe anteponer el derecho de la niñez, que es estudiar y contar con libros de texto para su proceso de enseñanza-aprendizaje.

El secretario de Educación de Veracruz no se ha dejado amedrentar por las “zancadillas” con las que han intentado sorprenderlo en algunos foros sobre los libros de texto, pues  sostiene que atrás hay un trabajo de años y el respaldo de maestros comprometidos con su labor educativa.

Para Zenyazen se acabó la mina de oro para las casas editoriales que en administraciones anteriores vendían –en contubernio con el gobierno en turno– cada libro en 100 pesos, cuando el costo real es de 30 pesos, aproximadamente.

Además, llama la atención que hasta el momento ningún sindicato magisterial veracruzano ha declarado, ni se ha manifestado contra el plan de estudios y los libros de texto gratuitos, lo que parece comprobar que los docentes están dispuestos a trabajar y poner a prueba su capacidad para aprovechar lo mejor posible el nuevo material educativo en beneficio de los educandos.

El golpeteo de los grupos de la derecha no desalientan ni distraen al titular de la SEV, cuyos resultados en los últimos cuatro años y medio en materia educativa han posicionado a Veracruz entre los mejores cinco estados a nivel nacional, como recientemente lo reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al revelar que entre 2020 y 2022 se redujo el rezago educativo en dos puntos porcentuales al pasar de 27.8 a 25.5 por ciento, lo que significa que 162 mil 500 personas mayores de 15 años concluyeron sus estudios de nivel básico.