La desaparición de los glaciares se registra en todo el mundo, pero lo que sucede en el Pico de Orizaba es lo que más nos debe preocupar por las afectaciones e impactos que tenemos y que ya resentimos.
El daño es irreversible, la desaparición de los glaciares ya provoca impactos muy importantes en la flora y la fauna de la zona centro del estado; lo peor aún estaría por venir sobre todo porque las condiciones de rescate de las áreas verdes no están dando los resultados que tanto se han pedido.
A los daños naturales hay que sumarle los problemas administrativos que burocratizan los pocos programas de rescate que existen.
Tenemos el caso de Salvemos al Pico de Orizaba, que pasa por una momento sumamente grave debido a que se detuvo a finales del año 2014 y hasta el momento continúa en esas condiciones.
Y el tema, que debería ser prioridad por lo que significa la posibilidad de quedarnos sin agua en más de 50 municipios en los que habitan y realizan sus actividades económicas más de dos millones de personas… no solamente no es prioritario para los gobiernos federal, estatal y m
municipales
.Al contrario.
La reducción de los presupuestos para la reparación y conservación del medio ambiente, en el estado y el país, no únicamente dejan en claro que la materia no es prioridad para el actual régimen de gobierno, sino que además se arriesga a un colapso ambiental en menos de cinco años, no sólo en la calidad de los ecosistemas sino en el desarrollo económico, desprendido de la reducción de recursos naturales, según manifiestan todos los días los especialistas.
Pese a que la problemática ambiental no se ha detenido sino es obvio que se ha incrementado, para Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas (CIMA), las políticas públicas del estado y la federación han puesto a la gestión ambiental en el sótano de la escala de prioridades.
Y si en el actual sexenio ello no se revierte, para 2024 será extremadamente crítico, no sólo en la calidad de los ecosistemas, sino en la salud pública, la estabilidad política, el bienestar social y el desarrollo económico, pues el deterioro de los recursos naturales afecta a estos últimos.
Ello puede demostrarse de manera muy matemática, incluso consultando las fuentes oficiales, pues los presupuestos al sector medio ambiente se han reducido dramáticamente en apenas cuatro años, y tan sólo en 2019 se han registrado despidos masivos, al menos al nivel federal, en tanto que en Veracruz se han incrementado la burocracia y las actividades punitivas, no así la inversión pública para la conservación en áreas críticas en alianza con las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones académicas y de investigación.