PUNTO DE VISTA — “Rumores” sobre Cisneros
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Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) de incluir al presidente municipal de Jalacingo, Roberto Perdomo Chino, durante 24 meses, en el “catálogo nacional de sujetos sancionados por violencia política en razón de género”, es la consecuencia lógica de una gestión pública plagada de abusos. *** Los magistrados del TEV coincidieron en que el alcalde incurrió en violencia política en contra de la síndica del ayuntamiento, Concepción Bandala Martínez y, por tanto, se dio vista al Órgano Público Local Electoral (OPLE) y al Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de que lo incluyan en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política en razón de género. *** El Tribunal declaró “fundada” la queja de la síndica quien presentó la denuncia el pasado 20 julio en la que describió que el alcalde obstaculizaba sus labores, además de dar a conocer que su salario era menor al de otros funcionarios de esa alcaldía. *** “Se le ordena citar adecuadamente a la actora a las sesiones de Cabildo, mientras que al Ayuntamiento se le ordena modifique su presupuesto de egresos 2023 para que reajuste las remuneraciones de la actora y realice el pago retroactivo a partir de una modificación presupuestal con fecha 16 de junio”, estableció la sentencia. *** El 25 de enero, la síndica Concepción Bandala Martínez informó que procedió legalmente contra el alcalde Roberto Perdomo Chino y contra el tesorero municipal, Juan Pablo Becerra Hernández, por presuntos actos de corrupción, acoso y amenazas de muerte. *** La síndica hizo públicas las denuncias de corrupción en contra de regidores y del tesorero Juan Pablo Becerra, por la compra de un terreno en litigio en la localidad de Xalame, para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable. *** Cuando se les cayó el “negocio”, los señalados comenzaron a enviar amenazas y actitudes de violencia contra la edil, por lo que la afectada decidió presentar las quejas ante el Tribunal Electoral de Veracruz. *** Las actitudes porriles del alcalde Perdomo y su tesorero Becerra son del dominio público en Jalacingo. Lo que sigue es el señalamiento directo del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por las inconsistencias que fueron detectadas durante la revisión de su Cuenta Pública. *** Ya huelen a cárcel.
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Luego de múltiples tropiezos, con severos llamados de atención desde Palacio Nacional, de pronto pareciera que al secretario de Gobierno, Éric Cisneros le volvió la suerte… al menos en algunos temas “locales”.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó (en una votación cinco contra dos) el recurso de reconsideración promovido por la diputada Ruth Callejas Roldán en el expediente SUP-REC-237/2023. Con ello, confirmó la determinación de la Sala Regional Xalapa que también había desechado la demanda por violencia política de género contra el secretario de Gobierno Eric Cisneros.
En la instancia local, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) consideró que los actos reclamados no eran susceptibles de ser analizados en la materia electoral, al estar relacionados con el derecho parlamentario.
La diputada Ruth Callejas alegó la afectación a su derecho político-electoral de ejercer efectivamente su cargo, pues estimó que el secretario de Gobierno “emitió expresiones constitutivas de violencia política de género” en su contra durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.
Con esta decisión, Éric Cisneros se libra de caer en ese “catálogo de sujetos sancionados por violencia política” y, por lo tanto, mantiene vivas sus aspiraciones -reflejadas en cientos de anuncios espectaculares- de competir por un cargo de elección popular.
Pero, además de salir bien librado en esa batalla, Éric Cisneros consiguió otro de sus objetivos: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) y ordenó al OPLE reanudar la consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes en el estado de Veracruz.
Debemos recordar que el pasado 24 de junio el TEV revocó los acuerdos en los que el OPLE Veracruz había aprobado la realización de la consulta a la población afrodescendiente en Veracruz, con el fin de implementar acciones afirmativas en materia de representación político-electoral.
Sin embargo, no todo es “miel sobre hojuelas”.
Ha sonado fuerte el rumor en las últimas horas sobre una “muy próxima” renuncia del secretario de Gobierno, con el fin -dicen- de incorporarse a un cargo en el gobierno federal. “Es la forma que tiene el presidente de castigar a quien se rebela a sus instrucciones”, habrían comentado personajes de alto nivel en el gobierno estatal.
El gobernador Cuitláhuac García fue cuestionado sobre ese tema en su conferencia de prensa (y es bien sabido que muchas de las preguntas que le hacen son “sembradas” por su personal) y no lo negó, aunque se apresuró a advertir que se trataba de “un rumor”.
“No podemos hablar, ni sí, ni no, ni qué tan cierto (sea el rumor), nada que se pueda interpretar apoyo o desavenencia contra lo que sea; ahorita, les comento: quietos todos”.
Aclaró -eso sí- que ningún integrante de su gabinete tiene invitación para un cargo en el gobierno federal y asegura que dio instrucciones para que nadie se moviera.
“Nadie. Yo les mandé un mensaje para que nadie dijera ‘yo me anoto, yo sí voy, yo quiero, yo estoy’; nada con respecto al proceso que está llevando a cabo nuestro movimiento”.
La postura del gobernador, sin embargo, tampoco deja claras las cosas. No sería la primera vez que el secretario de Gobierno se pasara “por el arco del triunfo” las instrucciones de quien, en el papel, es su jefe.
Pero, como dijera el ideólogo tuxpeño Jesús Reyes Heroles: “para qué tratar de adivinar lo que tarde o temprano vamos a saber”.
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Epílogo.
Pudiera parecer irónico, pero es la consecuencia. En los momentos en los que el estado de Veracruz pasa por su peor momento en materia de procuración y administración de justicia, dos reconocidos abogados de esta entidad fueron elegidos para ocupar posiciones relevantes en el Colegio Nacional de Abogados Penalistas. *** En la sede del Senado de la República les tomaron protesta a los integrantes del nuevo Comité para el periodo 2023-2025. *** El veracruzano Jorge Reyes Leo fue confirmado como presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, pues mientras se desempeñaba como vicepresidente falleció el titular Gilberto Farías Morales, por lo que Reyes Leo pasó a hacerse cargo de la presidencia desde el 21 de julio. *** En la ceremonia protocolaria también rindió protesta como vicepresidente, el jurista veracruzano Tomás Mundo Arriasa, quien se ha destacado por su férrea defensa de la legalidad y por la lucha en favor de los ciudadanos que se encuentran en prisión a pesar de ser inocentes. *** En el evento tomó la palabra el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, quien hizo un llamado a defender la autonomía del Poder Judicial, así como su presupuesto. *** Del Río Virgen ratificó su apoyo para que el Proyecto Inocencia (que encabeza Tomás Mundo) continúe en todo el estado de Veracruz y con ese instrumento donde se frenen las detenciones arbitrarias.
