PUNTO DE VISTA — Se desploma… el Sector Salud
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Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Javier Duarte de Ochoa sigue dando la batalla en tribunales contra el proceso que le inició el entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, y al que le ha dado puntual seguimiento la actual titular de la Fiscalía, Verónica Hernández. *** Por lo pronto, los abogados del exgobernador consiguieron una suspensión provisional, en tanto se revisa su reclamo de que el caso sea sobreseído, petición que le fue rechazada por el juez de control René Ortiz Sartorius, lo motivó que el asunto se llevara por la vía del amparo. *** Es menester recordar que Javier Duarte está en condiciones de gestionar su libertad anticipada, por la sentencia que está cumpliendo en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, pues los delitos que está pagando no son graves, ya cumplió más de la mitad de la pena, y es “primo delincuente”. *** Sin embargo, como parte de la estrategia jurídica de su defensa, no inicia los trámites de su preliberación, en tanto siga sin resolverse el proceso por desaparición forzada. *** Mientras tanto, Moisés Mansur Cysneiros, quien fue señalado de funcionar como testaferro de Javier Duarte, consiguió que un Tribunal Colegiado de Circuito dejara sin efecto la orden de aprehensión en su contra, solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR). *** Moisés Mansur es señalado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. *** El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal modificó la sentencia dictada por un juez de amparo, y determinó que los datos de prueba que obtuvo la FGR para solicitar la orden de captura, aunque son legales, el juez de control no justificó correctamente la necesidad de cautela. *** Por ello, el Tribunal ordenó que se realice una nueva audiencia, donde el juez de control “de manera fundada y motivada” determine si se actualiza o no la necesidad de cautela para el libramiento del mandamiento judicial.
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Fue el pasado 19 de abril, cuando el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, salió a “desmentir” a las enfermeras que denunciaron el desplome de un elevador en el Hospital Infantil de Veracruz, conocido como la Torre Pediátrica. Dijo que los elevadores funcionaban “adecuadamente”.
“Fue falso que se cayera el elevador, simplemente dejó de operar, pero ni hubo lesionados, ni enfermeras, ni nada. El proveedor nos dio un dictamen técnico y está operando. Son situaciones que pasan. Ya se desmintió en los mismos medios que no es la situación de los elevadores”, dijo en aquella ocasión el secretario de Salud.
Hoy, luego de que se confirmara un segundo desplome (de esos que “no suceden”), la versión del gobierno estatal es muy distinta.
Este martes, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García anunció que se presentó una denuncia contra la compañía que opera los elevadores de la Torre Pediátrica, luego de que se confirmó el segundo colapso de uno de estos aparatos, suceso en el que cuatro empleados resultaron lesionados.
El mandatario estatal, además, amagó con destituir al director del hospital, Daniel Uribe Flores, a quien hizo responsable de estos accidentes.
“El director tuvo que tomar acciones, no esperar a ver qué hacíamos nosotros. Ya van varios (accidentes), no podemos decirle al director lo que tiene que hacer. Es la última, para la próxima lo vamos a destituir”.
¿Y para el secretario de Salud que se atrevió a negar hechos que eran evidentes, no habrá castigo o, por lo menos, llamado de atención?
Lo cierto es que un incidente menor, que pudo haber quedado resuelto con el deslinde de responsabilidades y la revisión preventiva de las instalaciones del hospital, se convirtió ya en un problema, en un sector especialmente sensible, como el de la salud.
Ahora que parecen haber roto relaciones con la empresa proveedora del servicio de mantenimiento de los elevadores (Elevadores OTIS, S de RL de CV) a la que se le adjudicó de manera directa (esto es, sin licitación) el cuidado de estos aparatos en diez hospitales de la entidad sería importante conocer el criterio utilizado para recurrir a ella, ya que en los hechos esta demostrando que no cumple con las funciones de mantenimiento preventivo.
Lo sucedido con los elevadores del hospital infantil es un símil de lo que sucede con el sistema de salud de Veracruz: se está desplomando.
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Epílogo.
Alguien le tiene que explicar: a los veracruzanos no les interesa si los integrantes de bandas criminales se están matando entre ellos, lo que les preocupa es que actúen con tal impunidad, que se atrevan a sembrar el territorio veracruzano de cadáveres. *** Este martes, durante su conferencia de prensa, lo único que pudo informar el gobernador sobre la creciente ola de ejecuciones en la zona de Papantla y Poza rica, fue que “al parecer se trata de un ajuste de cuentas entre bandas criminales”. *** Resultados, es lo que pide la gente. Que se haga sentir el peso del aparato de seguridad y que esos criminales lo piensen dos veces antes de venir a Veracruz a dirimir sus diferencias con otras bandas. ¿Será mucho pedir?
